(28 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Un soldado se acercó al carro y dijo: ‘¡Hey, la cagamos! ¡La cagamos, son mujeres!’, afirmó Alejandra, quien era la copiloto de Diana. “Es ahí cuando reconocen que se equivocaron, que no eran hombres sino mujeres a quienes les habían disparado. Ellos se equivocaron y aún así aseguran que mi hija Diana encubrió un delito”, declara María Guadalupe Bravo, madre de la víctima.
Al sufrimiento de haber perdido a un familiar de manera inesperada y producto de una ejecución extrajudicial, y estar involucradas las fuerzas armadas, se le debe sumar el tener que enfrentarse al descrédito social. “Porque los soldados, marinos y policía, fabrican culpables, alteran escenarios y siembran evidencias”, sentencia en exclusiva paraRevolución TRESPUNTOCERO, el Licenciado Raymundo Ramos Vázquez, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDH).
El 19 de mayo pasado personal del Ejército Mexicano disparó en contra de un grupo de jóvenes que se encontraban platicando en el crucero de Héroe de Nacataz, entre Gómez Farías y Privada Corona, en la colonia Matamoros, Nuevo Laredo. Ricardo Daniel Borrego Miguel fue uno de los muchachos que al escuchar los disparos salió corriendo intentando salvarse de éstos, es ahí cuando los militares alcanzan a colocarle una de las balas en la nuca, la cual le salió por la boca, provocándole una hemorragia que lo llevó a la muerte, convirtiéndose así en la primer víctima del ejército ese día.
Justo cuando Ricardo caía al suelo, pasaba por el lugar Diana Calderón Bravo, una chica de 21 años, quien manejaba su automóvil acompañada de su amiga Alejandra. Cuando se percatan de la escena Diana acelera para no ser alcanzadas por las balas, sin embargo, los militares las fijaron como su segundo blanco y disparan contra el carro poco más de 20 veces, de las cuales 10 impactaron al vehículo y cinco penetraron el cuerpo de Diana. “Los disparos fueron en la espalda de la joven, por eso nos damos cuenta de que es una agresión directa, además de que no existe ningún militar herido y aunque hay un vehículo del ejército que presenta un impacto de bala, se hizo de adentro hacia afuera, es decir ellos mismos lo hicieron”, afirma Ramos Vázquez.
El parte oficial rendido por los militares asegura que ellos fueron víctimas de una agresión armada y presentaron a un menor de edad como integrante de un grupo delictivo, además de envoltorios con droga, armas y municiones, que dijeron le pertenecían al chico.
“Durante más de tres horas los militares impidieron el paso a familiares de las víctimas y al personal del Ministerio Público, e incluso a los servicios de emergencia, esto fue para poder manipular el lugar de los hechos y sembrar evidencias a las víctimas, en un claro intento por fabricar culpables”, dijo el presidente del Comité de Derechos Humanos.
“Afortunadamente existe el testimonio de cuatro personas que presenciaron la acción de los militares, el momento en que bajan de una camioneta del Ejército Mexicano las armas y la droga para sembrarlas junto al cuerpo de Ricardo Daniel Borrego Miguel y de Diana Calderón Bravo, declaraciones que prueban modo, tiempo y lugar de los hechos”, agregó.
Ramos Vázquez explica que el caso de Diana es una representación del modus operandi del ejército. A la joven estudiante al morir en un fuego por parte de militares, la presentan como una delincuente, una integrante del crimen organizado. Le siembran armas y drogas, además de acusaciones que hayan quedado registradas en el parte informativo. Un ejemplo del descrédito social por parte de los militares.
Agregando que: “otro padecimiento de las familias que sufren las ejecuciones extrajudiciales, es la impotencia de que la autoridad que debería investigar, en este caso el Ministerio Público de la Federación y la Procuraduría General de la República (PGR), no averigua a pesar de haber testigos de las irregularidades. En el caso de Diana, una de ellas es que durante tres horas el ejército no permite el ingreso del ministerio público, tampoco a la Cruz Roja, ni a los familiares al lugar de los hechos”.
A su vez, Ramos Vázquez asegura que en esas tres horas se manipularon todas las evidencias, y también se sembraron otras, provocando con esto un vacío de poder judicial. Otro punto que remarca, es que las familias se enfrentan a la parcialidad de la PGR, a la lentitud, al burocratismo y al valemadrismo, porque el Ministerio Público Federal tiene miedo de integrar cualquier averiguación que involucre a las Fuerzas Armadas, no solamente el ejército sino también la policía Federal y la Marina.
En el caso de Diana aún no se ha emitido ninguna respuesta por parte de las instancias involucradas en la investigación, que son: la Secretaría de la Defensa (SEDENA), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Presidencia de la República, y la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Ramos Vázquez comenta que, “lo primero fue hacer la querella formal, esto sucedió el viernes por la tarde en la PGR, en contra de quien resulte responsable. En esa ocasión el Ministerio Público (MP) le dio todo el crédito a las declaraciones del ejército mexicano, que se hicieron por medio del parte formativo, dándole al documento credibilidad absoluta. Es ahí donde se cuestiona la honorabilidad de Diana, instando con mayor firmeza la petición de justicia que hace su madre, María Guadalupe Bravo. Porque nos damos cuenta que el MP ha enviado una señal de que a su modo de ver no existe mucho o nada que investigar. Esa es la impunidad de la que gozan las Fuerzas Armadas teniendo de cómplice a la PGR y otras instancias”.
“De no obtener justicia haremos un llamado a los organismos internacionales de Derechos Humanos, para que ellos pidan una investigación profunda, exhaustiva e imparcial, hecha por las autoridades, así como lo estamos haciendo nosotros como CDH. Porque cuando las fuerzas armadas están involucradas en un asesinato extrajudicial, es muy difícil que las familias consigan justicia, es un camino muy largo, penoso y desesperante para los familiares”, asegura Ramos Vázquez.
Y sentencia que, “no son las fuerzas armadas las principales culpables, es el Estado mexicano, porque no es la primera vez que el ejército comete estos delitos, llevamos 14 o 15 ejecuciones extrajudiciales que están documentadas por el Comité, pero existen muchas más, solamente que las familias de las víctimas no han querido denunciar por miedo”.
Agregando que, “quienes sí presentan una denuncia, esperan que Enrique Peña Nieto no solamente defienda los derechos humanos en el discurso, no solamente cuestione a los malos elementos en el discurso, sino que en la práctica abra la posibilidad de que se aplique la ley sin distinción, sin fijarse de que pertenece o no a las Fuerzas Armadas”.
El Presidente del CDH explica que dicha organización, además de tener la defensa de Diana, realiza la investigación, toma las declaraciones de los testigos y recaba pruebas de los hechos, porque aunque ese es el trabajo del MP, no piensa hacerlo. “Si nosotros hicimos un boletín con datos verificados, el MP ya debió de entrevistar a los familiares, constituirse en el lugar de los hechos y hacer preguntas, como lo hicimos nosotros, ellos pueden obtener mayor información por ser autoridades”.
“En definitiva, en Nuevo Laredo y en Tamaulipas los ministerios públicos no quieren investigar a los integrantes de las fuerzas armadas por miedo o por complicidad. A esto se le suma que las fuerzas nunca cumplen con el protocolo, ni el manual del uso de la fuerza. El año pasado se firmó un acuerdo entre Marina, Ejército, Fuerza Aérea y Policía Federal, se establecieron los protocolos para actuar en situación de riesgo o un enfrentamiento con delincuentes. Se explicó que primero se tiene que hacer una advertencia para que depongan las armas, evitar que escapen o agredan a las víctimas. Existen muchas maneras de hacerlo, desde la disuasión, hasta la prevención. Lo que no deben de hacer es disparar a matar y poner en riesgo las vidas, en este caso el actuar del ejército fue todo lo contrario. Hubo una agresión directa”, afirma Ramos Vázquez.
Comentando, “a esto le agregamos que según los testigos que tenemos, los jóvenes no iban armados, entonces ese protocolo que pomposamente anunció Enrique peña Nieto y las fuerzas armadas, simplemente es letra muerta, ocasionando muertes inocentes con frecuencia”.
“En la tragedia de Diana nunca estuvo en riesgo la vida de ningún militar. Pero aseguran que ella tenía un arma 223 de uso exclusivo, pero es un arma que mide aproximadamente 1 metro y pesa como cinco kilos, entonces difícilmente alguien puede manipular un arma larga mientras va manejando, menos una muchachita de complexión delgada. Debo señalar que en el lugar de los hechos había una cámara de seguridad y los militares cortaron los cables que alimentan la energía del aparato, tenemos todo documentado porque no solamente existe responsabilidad de los militares que privaron de la vida Diana y Ricardo, si no también los superiores, quienes mantienen una complicidad por encubrimiento. También son los responsables directos de que esto siga sucediendo en Nuevo Laredo, en Tamaulipas y en el país. Porque las fuerzas armadas violan varios protocolos, incluido el de la preservación de evidencias”, puntualiza Ramos Vázquez.
